Once años después del cierre de la financiera Savings Unlimited, el principal imputado por la supuesta estafa de $46 millones en perjuicio de 500 inversionistas , Luis Ángel Milanés Tamayo, llegó tarde a la audiencia en la que podría definirse si la causa penal se eleva a juicio.
Alrededor de las 9:50 a. m., justo antes de ingresar con su hermano José Milanés a la sala de juicio N.° 3 en los Tribunales de Justicia de San José, un equipo de La Nación conversó con él. La vista estaba convocada para las 9 a. m.
“Yo vengo en la mejor disposición de terminar la conciliación. Si se debe algo, claro que estaría dispuesto a pagar”, fueron sus únicas palabras.
Luis Milanés (62 años) llegó ayer 50 minutos tarde a la audiencia convocada para las 9 a. m. | ALONSO TENORIO (Alonso Tenorio)
La jueza penal, Dayanna Segura, dirigirá las audiencias que se realizarán, a puerta cerrada, hasta el 28 de octubre, para discutir si Milanés cumplió o no con el arreglo conciliatorio al que había llegado con las víctimas en junio del 2012 y que, al parecer, incumplió desde noviembre del 2012.
A la primera audiencia acudieron unos 30 ofendidos, principalmente extranjeros, quienes requirieron la traducción al inglés. Además, participaron una veintena de abogados y tres fiscales en representación de las víctimas.
Ayer, solo se pudo revisar si los otros imputados, Enrique Pereira Oceguera y Enrique Pereira Silva, cumplieron con otra conciliación para que sean sobreseídos . Hoy, a las 8:30 a. m., continuará la discusión sobre el cumplimiento del imputado Michael González, luego de una segunda conciliación con otras 14 víctimas que no quisieron un arreglo la primera vez.
Por ahora, no se ha iniciado la discusión de si Luis Milanés pagó a las 500 víctimas el monto total al que se había comprometido.
Edwal Acuña, abogado de la mitad de ofendidos, aseguró el lunes a este diario que Luis Milanés ya no podrá someterse a ninguna medida alterna porque ya hubo un incumplimiento.
Arreglos. Dos días antes del cierre de la captadora de dinero, Luis Milanés desapareció y estuvo en fuga, hasta que fue detenido el 19 de junio del 2008 en El Salvador.
Tres años después de la captura de Milanés, un juez homologó un acuerdo conciliatorio, el 23 de mayo del 2011, en el que el cubano se comprometió a pagar en un año $1,8 millones en efectivo y entregar a un fideicomiso nueve propiedades valoradas en $12 millones, pero solo se han vendido algunas y las víctimas aún no recuperan el dinero.
El 25 de junio del 2012, la jueza Dayanna Segura prorrogó el plazo por seis meses para que Milanés pagara el efectivo. En la resolución se definió que debía pagar $100.000 al mes y $578.000 el 23 de noviembre del 2012.
Sin embargo, ante un supuesto incumplimiento de ese último monto, el Juzgado Penal de San José convocó a las audiencias.
La polémica surge porque en la prórroga que le dieron a Milanés para pagar, los ofendidos habían solicitado una garantía por los $578.000, y Milanés entregó un apartamento en La Sabana, cuyo valor es de apenas $70.000, el 12% del monto principal.
